Durante el año 2023 se registró un total de 1.112 conflictos en Bolivia, cifra que se encuentra dentro del promedio histórico. No hubo un caso central que se haya constituido en el motor de las movilizaciones sociales y haya marcado la agenda nacional, como ocurrió en 2022 con relación a la realización del censo nacional de población y vivienda y en los años 2020 y 2021, cuando se multiplicaron los conflictos en el campo de la salud.
En su mayor parte, los conflictos de 2023 estuvieron vinculados con la gestión pública en los distintos niveles del Estado y plantearon una amplia gama de demandas: mantenimiento de carreteras, vías públicas y áreas verdes, instalación de alumbrado público y de alcantarillado, adecuada provisión del desayuno escolar, ejecución de obras municipales, mejor funcionamiento de distintas entidades públicas. Los múltiples problemas existentes movilizaron a la población exigiendo soluciones inmediatas, una vez que tanto el Gobierno central como los subnacionales superaron el periodo de gracia concedido al inicio de sus funciones.
El tema económico fue otro importante motor de la movilización social. El grueso de la conflictividad en el campo económico estuvo ligado a los problemas que plantea la informalidad: protestas de gremiales (vendedores de mercados y ferias, vendedores ambulantes) por intentos municipales y de otros niveles estatales de ordenar de sus actividades, así como de transportistas para evitar regulaciones que consideran que los perjudican. Los conflictos por cuestiones laborales disminuyeron en 2023 y fueron protagonizados por el sector de salud pública que periódicamente salió a las calles en defensa de sus fuentes laborales y en demanda de ampliación de los contratos de trabajo de duración limitada.
Es importante mencionar que los problemas existentes en la gestión pública y la difícil situación económica por la que atraviesa el país dieron lugar a una cantidad significativa de conflictos en los cuales se demandó la aprobación o derogación de normas legales, especialmente de nivel subnacional, a fin de que se ajusten a distintos intereses y necesidades, varios de éstos de carácter particular (Ley Municipal 350, que al ampliar la mancha urbana de la ciudad de Cochabamba afecta las áreas agrícolas de Colcapirhua, Decreto Municipal 268 que restringe el comercio en el centro de la ciudad de Oruro, entre otros).
Aunque los conflictos en el campo político no fueron muy numerosos son significativos por el efecto que generan en el estado de ánimo de la población. Se trató, en su mayoría, de casos por la pugna interna existente en el MAS entre los sectores afines al presidente Arce y al expresidente Morales.
Los conflictos por recursos naturales y medio ambiente tampoco tuvieron gran peso numérico, pero son muy importantes considerando la dramática pérdida de bosques naturales, la crisis hídrica y el cambio climático que experimenta el país (comunidades de Potosí y Oruro en rechazo a la actividad minera en sus territorios, demanda del pueblo weenhayek de informes sobre la contaminación del río Pilcomayo, protestas en distintos puntos del país exigiendo acciones para frenar la quema de bosques, etc.) Los efectos de la crisis ambiental no se perciben únicamente en las áreas rurales, sino también en las ciudades y en el conjunto del país, lo cual ha movilizado a la población urbana reclamando acciones efectivas.
Los pobladores urbanos y rurales (sea mediante organizaciones vecinales o grupos sin referencia organizacional) se han constituido en el motor de los conflictos sociales en Bolivia a lo largo de los años, lo cual se vio ratificado en 2023. El sector educación (docentes y padres de familia) estuvo entre los principales movilizados, especialmente durante el primer trimestre en un conflicto que se arrastra desde 2022 rechazando la malla curricular establecida por el Ministerio de Educación.
El sector campesino agropecuario –que no suele encontrarse entre los principales movilizados– estuvo activo por los muchos problemas que afectan a las áreas rurales: avasallamiento de tierras por loteadores, expansión de las manchas urbanas, incendios descontrolados que afectan tierras productivas, crisis hídrica que incide negativamente sobre las labores agrícolas y ganaderas, contaminación de fuentes de agua por la minería y otras actividades, abastecimiento de agua a ciudades con perjuicio de comunidades agrícolas.
Este sector tuvo una participación importante en conflictos de índole política, como la pugna interna del MAS, la anulación del congreso de ese partido en el que se eligió a Morales como único candidato presidencial, la elección de dirigentes, y en apoyo al gobernador de Potosí, detenido por un caso de corrupción en la compra de ambulancias.
Los transportistas también fueron un actor protagónico de la conflictividad social. Los choferes del transporte público se movilizaron básicamente por tres temas: incremento de las tarifas, lo cual es rechazado por la población, dificultando una solución; control de rutas en las ciudades, que genera continuas pugnas entre sindicatos y otras organizaciones de choferes dado el enorme crecimiento de este sector por la falta de otras fuentes de empleo; desabastecimiento de diésel que generó gran preocupación entre estos actores.
Se puede afirmar que la conflictividad social en 2023 se concentró en los tres departamentos del eje debido a su importancia demográfica, económica y política, pese a que, en algunos meses, Chuquisaca y Oruro fueron escenario de una gran cantidad de conflictos, superando a las tres ciudades principales del país.
Los conflictos sociales de 2023 tuvieron una radicalidad media, habiéndose registrado menos enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil y con las fuerzas del orden que en 2022. Paradójicamente se experimentó un incremento en la cantidad de heridos y detenidos, lo que muestra que unos pocos casos de conflicto, como los generados por avasallamiento de tierras, alcanzaron un alto índice de violencia.