Durante el mes de abril se registraron 103 conflictos en el territorio nacional (85% nuevos y 15% activos desde los meses anteriores); si bien es una cantidad inferior a la del mes pasado (127) se mantiene dentro del promedio para este período del año.
Después de un par de meses durante los cuales predominaron los conflictos vinculados a la gestión institucional, las protestas por temas económicos (tanto por la situación económica como laborales) vuelven a ser las que más movilizan a los bolivianos. En esta categoría se registraron conflictos por el incremento del precio de productos de primera necesidad, como el pan, pugnas entre gremiales por espacios comerciales, demanda de pago de deudas de entidades públicas por la prestación de servicios.
Los casos por problemas de gestión en la institucionalidad pública siguen siendo muy significativos en términos numéricos y porque visibilizan las deficiencias existentes en la prestación de servicios públicos: hubo movilizaciones por el mantenimiento de unidades educativas, así como por el incumplimiento y retraso en la realización de obras, como alcantarillado y mantenimiento de vías en distintas ciudades del país.
Es importante mencionar los conflictos vinculados a temas legales, que si bien no tienen un porcentaje elevado como los anteriores, muestran el rechazo de importantes sectores de la población (gremiales, médicos, microempresarios, periodistas, campesinos y jubilados) a iniciativas gubernamentales por considerar que restringen libertades y los ponen en riesgo: Ley 280 de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, Ley 065 de pensiones, proyecto de ley 305 sobre cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos que sanciona a los trabajadores y propietarios de medios de comunicación que difundan mensajes de terceros que inciten al racismo y discriminación y proyecto de ley 304 sobre el mismo tema en relación a redes sociales.
El sector de educación fue el principal movilizado: el magisterio nacional por quinto mes consecutivo con una serie de demandas, padres de familia en protesta por las movilizaciones de los maestros que afectan el normal desarrollo de clases, falta de obras de mantenimiento y en demanda de ítems en las unidades educativas. También los vecinos estuvieron muy movilizados por una variedad de demandas: obras públicas, mala gestión del espacio público urbano, avasallamiento de propiedades, entre otros.
Indudablemente el Estado en sus distintos niveles es el principal demando. En abril el Gobierno central superó a los gobiernos municipales en más de 10 puntos porcentuales, lo cual es expresión tanto del centralismo existente en el país como de las tensiones políticas actuales.
Llamativamente no se registraron mayores conflictos sociales en Santa Cruz probablemente debido al desgaste que ocasionó el largo período de conflictividad política, por lo cual sólo se produjeron movilizaciones por temas puntuales. A diferencia de esto, Potosí experimentó un notable incremento en la cantidad de conflictos por la multiplicación de protestas de vecinos y transportistas contra autoridades nacionales, departamentales y municipales, aunque de corta duración y baja radicalidad.
El conflicto más importante fue el del magisterio nacional en demanda de ítems, contra la currícula planteada por el Ministerio de Educación y otros. Este conflicto, que se arrastra desde diciembre de 2022, sigue activo sin que se advierta voluntad de las partes de llegar a una solución. La politización del conflicto (el Gobierno acusa a los maestros de movilizarse con fines políticos y los docentes lo acusan de ignorarlos por resguardar sus propios intereses) impide llevar adelante un proceso de diálogo que permita gestionar el caso. En el marco de este conflicto hasta abril se produjeron más de 20 enfrentamientos con fuerzas del orden, bloqueos de carreteras e incluso de rutas internacionales y hubo más de 150 heridos, afectando no sólo a la población en sus actividades diarias, sino también a miles de niños que desde febrero pasan clases irregularmente.
El crecimiento descontrolado de la mancha urbana en Cochabamba ha dado lugar a un problema recurrente con los rellenos sanitarios o botaderos. En sus áreas periféricas se han establecido barrios nuevos (en tierras avasalladas, sin documentación legal, regularización ni saneamiento) y los vecinos demandan el traslado o cierre de dichas plantas debido a la contaminación que pone en riesgo la salud de sus habitantes. En abril Cochabamba se vio paralizada por el bloqueo de gran parte de estos rellenos sanitarios y botaderos. Los pobladores de Quillacollo y Colcapirhua exigieron el traslado de los rellenos sanitarios por el inadecuado tratamiento y la contaminación que generan perjudicando a más de mil familias de productores campesinos. El de K’ara K’ara fue nuevamente bloqueado por vecinos en pugna con la Universidad Mayor de San Simón: los terrenos de esa entidad fueron avasallados en 2004 y los vecinos exigen pagar el precio del metro cuadrado de ese año y no el actual a fin de acceder a títulos de propiedad. La planta de tratamiento de residuos de Sacaba fue cerrada por los pobladores de Lava Lava que no reconocen la franja de seguridad de 100 metros que impide construcciones en los alrededores. Los prolongados bloqueos y protestas ocasionan la acumulación de basura en las calles, generando posibles riesgos sanitarios e insatisfacción en la población.