A lo largo del mes de agosto se contabilizaron 128 conflictos, cifra notablemente más alta que la del mes anterior (98), aunque se mantiene dentro del rango habitual para este período del año.
La gestión de la institucionalidad pública es la temática que más moviliza a los bolivianos, presentando cada mes una serie de desafíos distintos, como la demanda de construcción de la carretera Santa Cruz – Km 13 – Las Cruces – Buena Vista por parte de pobladores de Porongo, Buena Vista y La Guardia, que por segundo mes consecutivo paralizó el tránsito de personas y mercadería entre Santa Cruz y Cochabamba, o el reclamo de padres de familia de Potosí que, a pesar de lo avanzado del año escolar, siguen exigiendo la entrega del desayuno escolar a sus hijos.
Los problemas económicos por los que atraviesa el país son otra fuente constante de conflictividad. En agosto se registró una diversidad de protestas de la población, entre las que se encuentran las vinculadas con el incremento de las tarifas del transporte público en El Alto, Oruro y Potosí, así como con el retraso en el pago de pensiones a los jubilados en todo el país y la pugna por el control de rutas entre sindicatos de transporte público en Tarija. La crisis económica que afecta al Estado también es generadora de conflictos, como ocurrió en Cochabamba donde la Asamblea Legislativa Departamental y la población local rechazaron el recorte presupuestario de 17%, y en Santa Cruz donde los productores de granos exigieron a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que cumpla con el pago correspondiente por la compra de maíz.
Los conflictos en demanda o rechazo de normas legales son un reflejo de la crisis en la institucionalidad pública y de los problemas económicos por los que atraviesa el país. La población busca que las normas se ajusten a sus necesidades e intereses, en algunos casos de manera justificada y en otros no tanto. Como muestra están las movilizaciones de los regantes de Colcapirhua que exigieron la abrogación de la Ley Municipal 350 que, al ampliar la mancha urbana, perjudica a las áreas agrícolas, y la de gremiales de Oruro que pidieron la abrogación del Decreto Municipal 268 que restringe el comercio en las calles del centro de la ciudad.
Además de la constante participación de los vecinos –principalmente de las ciudades capitales y algunas intermedias– en la conflictividad social del país, es destacable la gran cantidad de conflictos protagonizados en el mes por el sector agropecuario campesino. Este sector se movilizó, por una parte, por temas económicos, como los productores de banana de Cochabamba que demandaron ayuda del Gobierno ante la falta de pago de más de $us 7 millones que adeuda el gobierno argentino, la protesta de la Unión de Cañeros Guabirá y la Cámara Boliviana de Transporte en Santa Cruz por los bloqueos carreteros que afectan por segundo mes consecutivo a las actividades comerciales. Por otra parte, el sector campesino se movilizó por temas políticos, como es el caso del respaldo al gobernador de Potosí que fue detenido por el caso de sobreprecio en la compra de ambulancias y el del apoyo al expresidente Morales ante el proceso judicial por difamación anunciado por el Ministerio de Justicia. Desde hace unos meses se observa que el sector de transporte tiene un rol muy activo en la conflictividad del país, a nivel nacional con demandas como la construcción de carreteras y, a nivel local, con la demanda de incremento del precio del transporte público y las innumerables pugnas por el control de rutas.
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron los departamentos con mayor cantidad de conflictos después de un par de meses en los que Potosí y Chuquisaca pasaron a primer plano debido a la multiplicación de pequeños casos.
El mes de agosto fue particularmente violento debido a la gran cantidad de heridos que se registraron en enfrentamientos entre grupos de la sociedad civil a raíz de la ruptura del partido de gobierno, que genera consecuencias negativas sobre la institucionalidad pública, las organizaciones sociales y genera grandes tensiones y conflictos. En El Alto se produjeron enfrentamientos violentos entre arcistas y evistas durante la elección de la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dejando cientos de heridos. En Potosí y Cochabamba afines a Morales exigieron el reconocimiento de su dirigencia en la CSUTCB, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba rechazaron el supuesto boicot gubernamental a la realización del congreso nacional del MAS en Lauca Ñ y organizaciones afines a ese sector rechazaron el proceso judicial contra Morales anunciado por el ministro de Justicia Iván Lima.