En el mes de enero de 2023 se registraron 98 conflictos sociales en el país, cifra que representa un incremento de casi 100% respecto al mismo mes del año anterior (46 casos) y confirma la tendencia al crecimiento presente desde agosto de 2022, cuando se alcanzó un pico de la conflictividad social que no se veía desde el año 2014.
Vecinos de 25 municipios se movilizaron por demandas de diversa índole: rechazo a avasallamiento de terrenos y áreas de equipamiento, impugnación de la designación de autoridades subnacionales, exigencia de conclusión de proyectos de alcantarillado, energía eléctrica y viales. Por otra parte, una variedad de organizaciones de la sociedad civil (colectivos ciudadanos, cívicos, organizaciones campesinas y otras) se manifestaron a favor y en contra de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz ocurrida a fines de diciembre pasado. El sector de educación (padres de familia y magisterio urbano y rural) fue otro de los principales movilizados demandando ítems, así como mejoras de infraestructura y, especialmente, en rechazo a la actualización de la malla curricular, la cual asignaría mayores responsabilidades a los maestros sin brindarles las condiciones adecuadas para cumplirlas.
A diferencia de lo registrado en el ultimo trimestre de 2022, los conflictos de este primer mes del año se concentraron en el tema de gestión institucional, dejando en segundo plano los casos por temas económicos. Hubo una serie de protestas por la no ejecución de proyectos previstos en los POA 2022 de distintas entidades subnacionales debido a trabas burocráticas o a deficiencias en la gestión. Coincidiendo con el inicio del año fiscal, médicos y personal de servicio demandaron ítems de salud, compra de insumos y mejoras en la infraestructura sanitaria. También fueron recurrentes las movilizaciones por acceso y transparencia de la justicia, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz exigieron una investigación idónea sobre las agresiones que sufrieron sus agremiados durante la cobertura de conflictos; por su parte, los transportistas de Tarija protestaron por las detenciones supuestamente irregulares y violentas de sus afiliados durante operativos anticontrabando.
El mes de enero se vio afectado por la crispada coyuntura política del país. El conflicto por la detención del gobernador Fernando Camacho tuvo características peculiares pues generó más de 55 episodios en ocho departamentos del país, movilizando a más de 30 actores de los sectores cívico, vecinal, político, universitario, entre otros, y alcanzando altos niveles de radicalidad, a contrapelo de la tendencia histórica de unos primeros meses de año sin mayores casos de confrontación y violencia. Se produjeron ocho bloqueos de carreteras que unen Santa Cruz con distintas regiones del país, catorce concentraciones o vigilias, diez marchas, la quema y destrucción de algunas instituciones públicas –como la Fiscalía– y catorce enfrentamientos con fuerzas del orden que dejaron más de 120 heridos, 82 detenidos y la muerte de una persona, Erwin Chávez, herido en la cabeza durante los enfrentamientos en inmediaciones del Cristo Redentor la noche del 1 de enero. Este conflicto experimentó una abrupta desescalada en la segunda quincena de enero, cuando sólo se registraron algunas concentraciones.
Como ya se señaló, hubo que lamentar las agresiones a periodistas durante el desempeño de sus funciones y la quema del vehículo del periodista Harold Salvatierra en un enfrentamiento con fuerzas del orden en el centro de la ciudad de Santa Cruz.
Finalmente, es necesario mencionar que en enero se registró un fenómeno particular: el incremento de acuerdos alcanzados (13%), que casi duplica el promedio registrado durante todo el año 2022 (8%). Si bien es una buena noticia, ese aumento no necesariamente implica que los acuerdos sean satisfactorios para las partes en conflicto y aporten al interés general.