En el mes de noviembre se registraron 107 conflictos, una cantidad inferior a la del mes de octubre (120), aunque adecuada a la época de fin de año, durante la cual los conflictos tienden a reducirse.
Los conflictos vinculados con distintos temas de la gestión pública en los tres niveles del Estado fueron nuevamente los más numerosos. La población se movilizó en demanda de obras públicas en Sacaba, en Oruro la Federación Departamental de Jubilados y Rentistas protestó por la mala atención que brinda la Caja Nacional de Salud (CNS), la falta de especialistas y de medicamentos y la demora de hasta seis meses para dar atención, la COD de Chuquisaca exigió a la CNS la construcción de un hospital de tercer nivel comprometido hace varios años, padres de familia de Sucre demandaron obras de mantenimiento en una unidad educativa, vecinos de Potosí exigieron la destitución del personal de la Oficina del Catastro Municipal debido a sospecha de complicidad en el avasallamiento de áreas verdes.
Los conflictos por temas económicos también fueron una importante fuente de movilización social en defensa de fuentes laborales y de ingresos, como es el caso de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz en protesta por el despido de 500 de sus afiliados por el gobierno municipal, y el de gremiales en Cochabamba reclamando puestos de venta en la feria navideña de esa ciudad. Sin embargo, el principal conflicto económico fue el que reunió a las alcaldías de las ciudades capitales, a la Asociación de Municipios de Bolivia, y a una gran variedad de actores sociales en demanda de aprobación del proyecto de ley 464 que modifica el Presupuesto General del Estado 2023 a fin de que los municipios cuenten con mayores recursos para la ejecución de proyectos en la próxima gestión.
En el campo legal, además de la triste continuidad de las movilizaciones exigiendo justicia por feminicidios y asesinatos, destacó la demanda de la Asociación Nacional de Periodistas de medidas para frenar las agresiones que sufrieron los trabajadores de la prensa por parte de cooperativistas mineros movilizados en La Paz.
Los conflictos por temas ambientales siguen siendo relevantes a nivel nacional. Los incendios forestales dieron lugar a movilizaciones en las principales ciudades del país, así como en Rurrenabaque, donde la población pidió al Gobierno medidas contundentes para reducir los focos de calor. La crisis hídrica y los problemas de acceso al agua potable generaron conflictos en barrios del municipio de San José de Chiquitos exigiendo a las autoridades proyectos para resolver la escasez, así como por el control del agua entre comunidades que, aunque disponen del recurso, no quieren compartirlo, como es el caso de los floricultores y horticultores del municipio de Comarapa en Santa Cruz que rechazaron la extracción de agua de la cuenca del río San Isidro, o el miembros del ayllu Jesús de Machaca en Potosí que rechazaron la ejecución del proyecto de trasvase de agua de la laguna Juchuy Chaluma a la laguna Lakachaca para abastecer a la población de la zona alta de la ciudad de Potosí.
Si bien los pobladores urbanos y rurales son los principales actores de la conflictividad nacional, en noviembre destacó el sector agropecuario como el principal movilizado por el acceso y en defensa de fuentes de agua y en rechazo a la realización de actividades mineras ilegales en sus territorios. Por su parte, desde hace unos meses el sector transporte se moviliza en demanda de incremento de sus tarifas y en protesta por la escasez de diésel para el transporte pesado.
La Paz, Cochabamba y Chuquisaca fueron los departamentos que concentraron la mayoría de las movilizaciones del mes, éste último desplazó a Santa Cruz debido a una gran cantidad de conflictos puntuales por temas de competencia municipal.
Si bien noviembre no fue un mes particularmente violento, hay que destacar las movilizaciones llevadas a cabo por las cooperativas mineras auríferas exigiendo la aprobación del proyecto de ley de creación del régimen tributario único de 4,8% para la comercialización del oro, la anulación de la resolución administrativa de AJAM 06/2023 que deja sin efecto el reglamento de otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, la aprobación de 5.000 cuadrículas mineras, el abastecimiento de diésel para las actividades mineras y la condonación de las deudas con la CNS, entre otras. Estas protestas no sólo paralizaron la ciudad de La Paz durante varios días, sino que se produjeron en el marco de una crisis ambiental nacional y de protestas por la contaminación, incendios y por la sequía que afectan al conjunto del territorio nacional.