En el mes de octubre se registraron 120 conflictos en el territorio nacional, siendo el tercer mes de 2023 con una cifra tan alta de conflictos después de mayo y agosto (127 casos).
Las movilizaciones vinculadas a problemas en la gestión pública en los tres niveles del Estado fueron nuevamente las más recurrentes, con demandas como la construcción de un tramo carretero en Tarija y el acceso a alcantarillado y cableado eléctrico en Cochabamba; también se observaron conflictos más puntuales relacionados con temas administrativos que deben cumplirse antes del cierre de la gestión, como es el caso de renovación de patentes de funcionamiento para gremiales de La Paz y El Alto a fin de que puedan continuar trabajando con normalidad.
Los conflictos económicos por diversos temas también fueron importantes durante el mes de octubre. Transportistas y gremiales salieron a las calles en defensa de sus fuentes de ingreso debido a controles o prohibiciones municipales en los diferentes departamentos, productores de quinua y floricultores exigieron al Gobierno medidas para frenar el contrabando que pone en riesgo sus actividades. Por otro lado, en vista de la próxima finalización de contratos laborales, personal médico de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz demandó la renovación de contratos y la asignación de ítems para el sector con el fin de asegurar la estabilidad laboral para los galenos.
En el ámbito legal, hubo varios casos en demanda de justicia por diferentes casos de asesinato, evidenciando una vez más que los operadores de justicia no cumplen sus funciones, por lo cual esos graves casos de vulneración de derechos quedan en la impunidad.
La crisis hídrica por la que atraviesa el país es uno de los factores responsables de la significativa cantidad de conflictos por temas ambientales. Los problemas de abastecimiento de agua para consumo humano y uso agropecuario ocasionaron protestas en casi todos los departamentos del país, como es el caso de lo ocurrido en la comunidad Japo en Chuquisaca, así como con regantes en Punata, pobladores de Salo y La Torre en Tupiza. A la crisis hídrica hay que sumar la proliferación descontrolada de incendios forestales en el país que es otro factor generador de conflictos. La insuficiencia de medidas eficientes para prevenir y combatir la destrucción de bosques en el país y la severa contaminación que los incendios provocan, afectando tanto a los centros urbanos como a las áreas rurales, ha movilizado a la población en distintos puntos del territorio nacional.
Además de pobladores urbanos y rurales, que son actores centrales de los conflictos en el país, en octubre destacó el sector de transporte –que, en una situación de carencia de fuentes de empleo, está en constante crecimiento– debido a las frecuentes pugnas por el control de rutas, como la registrada en Oruro entre dos sindicatos de Machacamarca. Las tarifas del transporte público constituyen un tema que moviliza a los choferes desde hace varios meses sin que se avizore una solución puesto que, en la situación económica actual, la población no está dispuesta a aceptar un incremento. Asimismo, los transportistas se manifestaron a nivel nacional rechazando los controles de parte de la Aduana Nacional y en demanda de abastecimiento de diésel para el transporte pesado internacional.
Octubre fue un mes particularmente violento, la necesidad de acceder a agua potable ha provocado un incremento en los niveles de radicalidad en los conflictos. Se registraron enfrentamientos entre pobladores de Caiza D y Puna en Potosí por el acceso a una vertiente de agua y entre pobladores de Tambo y Japo en Chuquisaca por el rechazo de estos últimos al uso de agua proveniente de su territorio por los pobladores de Tambo. Por otra parte, debido a los bloqueos carreteros efectuados en los municipios de Shinaota y Entre Ríos por grupos afines a Evo Morales para impedir el paso de las delegaciones que se dirigían al cabildo organizado por el Gobierno en El Alto, se produjeron enfrentamientos que dejaron por lo menos 23 personas heridas.