Durante el mes de septiembre se registraron 109 conflictos, cifra similar a las registradas desde marzo del presente año (por encima del centenar de casos), con excepción del mes de julio. Las protestas por la deficiente gestión pública en los tres niveles del Estado sigue siendo el motor central de las movilizaciones sociales, con demandas que provienen de los meses pasados e incluso de hace varios años (uno de cada cuatro conflictos se encuentra en esa situación). La falta de atención a estas demandas se ve reflejada en el escalamiento de las medidas de presión y en la radicalización de los conflictos, es lo que puede observarse en Cochabamba donde vecinos de Cotapachi tomaron las oficinas de la gobernación exigiendo el asfaltado de la vía Caico – Cotapachi, proyecto que lleva seis años sin concluirse, así como en Santa Cruz, donde pobladores de Porongo, Buena Vista y La Guardia exigen desde hace más de 10 años la construcción de una carretera que vincule esas poblaciones, este conflicto provocó el bloqueo de la carretera que une Santa Cruz y Cochabamba durante varios días, ocasionando grandes perjuicios a comerciantes y viajeros.
Por otra parte, los conflictos económicos fueron también numerosos y diversos, incluyendo temas laborales (cumplimiento en el pago de salarios, renovación de contratos y otros), pugnas entre empresas de transporte, rechazo al incremento de las tarifas de transporte público.
Los problemas vinculados con temas legales constituyen una fuente constante de conflictividad. En septiembre se produjo un incremento de los casos en demanda de justicia por asesinato y en rechazo a sentencias, así como para evitar la liberación de acusados de avasallamiento armado de tierras. Por otra parte hubo protestas por temas político legales, como la huelga de hambre de diputados y asambleístas departamentales del MAS (ala evista) exigiendo la realización de elecciones judiciales. Es necesario mencionar la llamativa la movilización de pobladores de San Ramón para impedir el allanamiento de propiedades de personas acusadas de tener nexos con el narcotraficante Sebastián Marset.
El incremento de los conflictos por temas ambientales se explica por la crisis hídrica que atraviesa el país y que afecta severamente no sólo a las áreas rurales, sino también a los grandes centros urbanos y a ciudades intermedias. Esta situación está ocasionando conflictos en demanda del líquido elemento, de soluciones coyunturales y estructurales, así como debido a pugnas por el control de las escasas fuentes de agua que mantienen su caudal (comunidades de Japo y Palacio Tambo en Chuquisaca, regantes de Chijllawiri en Colcapirhua, Cochabamba).
Si bien los vecinos urbanos y rurales son protagonistas de los conflictos sociales, en septiembre destacó el sector agropecuario campesino que se movilizó con una variedad de demandas, varias de éstas vinculadas con la escasez de agua: declaratoria del Lago Titicaca como zona de desastre por el descenso en el nivel de sus aguas y la contaminación que lo afectan, incremento del presupuesto para realizar obras complementarias que aseguren el abastecimiento de agua de la represa Calderas en Tarija, pago de Emapa (más de Bs 30 millones) por la compra de maíz en Santa Cruz el año pasado, entre otros.
Asimismo, destacaron las movilizaciones de distintos pueblos indígenas, como la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, la Central de Mujeres Indígenas de La Paz y representantes del pueblo tsimane, que protestaron por la contaminación con mercurio y la deforestación de sus territorios.
La Paz Oruro y Chuquisaca fueron los tres departamentos con mayor incidencia de conflictos. La Paz por su calidad de sede de gobierno y Oruro y Chuquisaca por la multiplicidad de conflictos locales de corta duración. La reducción de conflictos en Cochabamba y Santa Cruz podría estar vinculada a los festejos departamentales de septiembre.
El mes de septiembre fue particularmente violento, habiéndose registrado varios enfrentamientos entre grupos de la sociedad civil (con saldo de heridos, fallecidos y destrozos materiales) sin que el Estado haya intervenido: pugna entre mineros formales e ilegales por la explotación de oro en Cocapata, Cochabamba, y en Laji Lurizani, Apolo, La Paz; enfrentamiento entre pobladores y avasalladores de tierras en Cotoca, Santa Cruz y en cercanías del cementerio Mercedario, El Alto.