El mes de septiembre fue el más conflictivo desde que se inició la pandemia, con un total de 93 casos registrados, este incremento puede explicarse por la gran cantidad de conflictos provenientes de los meses pasados (78%), sólo 22% fueron casos nuevos, lo que muestra la incapacidad de los actores demandados para resolver los problemas que se han suscitado.
El personal de salud de todo el país, que está al frente de la lucha contra el Covid-19 desde hace siete meses a pesar de la falta de recursos de todo tipo, salió a las calles para exigir el pago de sus salarios que, en muchos casos, se les adeuda desde el principio de la cuarentena. Este conflicto es uno más de los muchos casos que muestran la debilidad extrema del sistema de salud en Bolivia.
Ante la crisis económica y la insuficiencia de las políticas asistenciales, los padres de familia de todos los departamentos demandaron el pago de un bono o la entrega de una canasta familiar, empleando para ello los recursos destinados al desayuno escolar, que no se están utilizando por la suspensión de clases; la desesperación de los padres de familia por acceder a esos recursos provocó que, en un par de ocasiones, las protestas alcanzaran niveles elevados de radicalidad, como ocurrió en El Alto donde se tomó como rehenes a la alcaldesa Soledad Chapetón y a algunos funcionarios municipales durante varias horas, y en Potosí donde tomaron el Concejo Municipal y no permitieron que los concejales salgan hasta que atiendas sus demandas.
El creciente deterioro de la economía se ve claramente reflejado en la conflictividad social del mes de septiembre: 47% de las demandas fueron de índole económica (30% por la situación económica y en demanda de apoyo para cubrir necesidades básicas y 17% por problemas laborales).
En septiembre se produjo una dispersión de los sectores demandantes. Los más movilizados fueron organizaciones y grupos diversos de la sociedad civil (colectivos ciudadanos de defensa de los derechos de las mujeres, trabajadoras sexuales, colectivos de ciclistas, hinchas de fútbol y otros), con 15% del total; el sector salud protagonizó 13% de los conflictos y el vecinal 12%. Los gobiernos municipales volvieron a ser los principales interpelados, con 34% del total, seguidos por el Gobierno central, con 19% de los registros.
Los conflictos se concentraron en Cochabamba (25%), Santa Cruz (17%), Oruro y Tarija (14% cada uno); de forma atípica, el departamento de La Paz ocupó el quinto lugar, con 13% de los registros.
A pesar de la gran cantidad de conflictos, los niveles de radicalidad fueron menores que en los meses anteriores: tres enfrentamientos con fuerzas del orden (cuatro en agosto) y sólo uno entre sectores de la sociedad civil (seis el mes pasado), y se registraron diez heridos (15 en agosto) en los enfrentamientos de Samaipata en demanda de renuncia del alcalde.