Durante el mes de febrero se registraron 89 conflictos en Bolivia, cantidad elevada si se toma en cuenta que en ese mes se celebró el Carnaval, lo cual supone una especie de tregua social, y que se produjeron inundaciones en distintas regiones del país, situación que concentró la atención y preocupación de la población.
La conflictividad de febrero estuvo ligada principalmente a temas económicos (situación económica y empleo 39% del total de casos). La afectación causada por los bloqueos carreteros de sectores del MAS afines a Morales continuó generando protestas por parte de gremiales y vecinos en La Paz y El Alto, productores de leche y avicultores en Cochabamba y el sector empresarial en Santa Cruz; la afectación a la libre circulación y/o la falta de pago a proveedores generó escasez de combustibles en las ciudades (más de 500 camiones quedaron paralizados), los propietarios de cisternas se movilizaron exigiendo que YPFB pague el monto adeudado por cuatro meses de transporte. Por otra parte, hubo varias protestas por medidas económicas adoptadas, como la de la Confederación de Gremiales de Bolivia y Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ante la escasez de dólares que está afectando la importación de productos y paralizando algunas operaciones, así como en rechazo al proyecto de ley que modificaría la Ley de Pensiones estableciendo la jubilación forzosa a los 65 años; hubo también movilizaciones por el incremento del costo de vida, como la de pobladores orureños por el aumento de la tarifa del transporte público. Si bien este último caso es de carácter local, hace parte de un problema pendiente desde el año pasado a nivel nacional; a fines de febrero de 2024 la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia determinó la nivelación de las tarifas de transporte en el país, medida ampliamente rechazada por la población. Esta problemática pone en evidencia las dificultades que plantea la confrontación de intereses entre sectores en un escenario económico muy delicado.
Los problemas de gestión pública en los tres niveles del Estado también generaron una importante cantidad de protestas (30%), muchas de éstas son típicas de principio de año, como las referidas al mal estado de unidades educativas, falta de mobiliario y de desayuno escolar. Por otra parte, es destacable el caso en que pobladores de Tiquipaya, Cochabamba, se opusieron a la creación de una empresa municipal de agua potable y alcantarillado porque encarecería el costo del servicio (los vecinos cuentan con redes de agua instaladas por ellos mismos para abastecerse de agua para su consumo y para sus cultivos).
El sector educación fue el protagonista de los conflictos de febrero (superando con mucho a los vecinos urbanos y rurales), lo cual suele ocurrir por los problemas que se plantean al iniciar las labores escolares, situación a la que este año se sumaron las movilizaciones en rechazo a la modificación de la Ley de Pensiones en las que participaron la Confederación Universitaria de Docentes, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, docentes y trabajadores de las universidades públicas de Cochabamba y Sucre, y por otros temas en los que se manifestó el sector, como el abastecimiento de agua en Potosí y las tarifas de transporte público en Oruro. El Gobierno central sigue siendo el principal demandado, muy por encima de los gobiernos municipales.
La conflictividad se concentró en los tres departamentos del eje, con preeminencia de Cochabamba por los bloqueos carreteros al inicio del mes; destacó también Chuquisaca con una gran cantidad de demandas locales, especialmente en el área educativa.
Una nota distintiva de la conflictividad del mes es su radicalidad (15% de enfrentamientos violentos), destacó el caso por el incremento de la tarifa de transporte público en Oruro, que derivó en un brutal enfrentamiento entre choferes y universitarios, con apedreamiento de vehículos, intento de quema y destrozos de inmuebles de transportistas y estudiantes y heridos de ambos bandos.
